Para el día
después, que será el primer día de un nuevo período democrático para Venezuela,
se debe tener un plan de acción para recuperar los sectores productivos del
país. Uno de ellos es la agricultura, donde hay que considerar muchos aspectos,
y en esta oportunidad trataremos el tema de la inseguridad personal y jurídica
que afecta a la producción agrícola.
Inseguridad
personal y jurídica
Éste es un problema de alcance nacional, ya que en todas las
instancias de la vida del ciudadano venezolano, existe un peligro permanente de
inseguridad personal y de inseguridad jurídica. Es común informarse por medio
de las noticias diarias, o por medio de familiares y conocidos, los delitos que
se cometen contra las personas y sus bienes. Crímenes, secuestros, robos,
expoliaciones de propiedades, son sucesos cotidianos en nuestras ciudades, pero
también al “campo” venezolano ha llegado esta situación de inseguridad personal
y jurídica, afectando profundamente la producción agrícola.
Lo relativo a la inseguridad personal se puede presentar de
diversas maneras:
1.-Riesgos en las carreteras
nacionales
Las carreteras nacionales
son las vías que utilizan todos los ciudadanos, en cualquier actividad,
para movilizarse dentro del territorio nacional. Eso incluye, por lo tanto, la
movilización por esas carreteras hacia y desde las unidades de producción
agrícola ubicadas en todos los confines de nuestra geografía, o para dirigirnos
hacia los centros de servicio que apoyan la actividad agrícola.
Para nadie es un secreto la cantidad de riesgos a los que
estamos expuestos los ciudadanos venezolanos al transitar por las diversas
autopistas, troncales y otras vías que unen las principales ciudades, pueblos,
villorrios y toda clase de poblados existentes en el país. Estos riesgos son de
variada naturaleza y muchos de ellos son complementarios entre sí. Es el caso
de la mala calidad de la vialidad que
representa escenarios favorables para los accidentes de tránsito, daños a los
vehículos, daños a las personas y exposición a ser víctimas de los asaltantes
de caminos que hoy abundan en forma organizada.
El problema se agrava por la escasez de vigilancia y de
equipos de apoyo vial, para la protección ciudadana y para el auxilio oportuno
por parte de las autoridades encargadas de la seguridad de las personas. Esto
ha causado que se limiten las horas para transitar, solamente a los períodos de
tiempo cuando exista luz solar suficiente y cuando haya abundancia de viajantes
en las redes viales. A la mala calidad de las vías se añade el problema de la
presencia de algunos obstáculos (especialmente objetos cortantes como clavos o
metales puntiagudos, punzantes, enormes piedras y otros), colocados en las vías
por facinerosos que abundan en las carreteras, lo cual genera accidentes,
algunas veces mortales y siempre para el asalto de los afectados. Lógicamente,
al no existir organismos de seguridad vial, los malhechores aprovechan para
cometer sus fechorías.
Los reductores de velocidad son otro problema en las vías. Éste
es el nombre que le han dado a estos obstáculos ilegales colocados en las vías
en forma generalizada, abundante, y en la mayoría de los casos injustificados,
que se han extendido por todo el territorio nacional. Muchos de estos puntos
son aprovechados por personas que ofrecen a la venta alimentos, bebidas o
cualquier objeto, causando que algunos conductores se detengan para aprovechar
esta forma de mercadeo de buhoneros, obstaculizando las vías y originando
retraso a otros viajeros. En horas nocturnas o de poco tránsito, buena parte de
estos puntos es utilizada por rateros y asaltantes de caminos; y se presume que
durante el día, algunos de estos vendedores ambulantes avisan a las bandas de
irregulares acerca de posibles víctimas, fáciles de asaltar, que van detectando
al paso lento e inocente de los conductores al transitar sobre estos
obstáculos.
Al llegar a las fincas por esas carreteras nacionales, con
todos los peligros que ofrecen a los usuarios, los agricultores y visitantes
comienzan a enfrentar otros riesgos que son los que existen en esas unidades de
producción; riesgos que han transformado la otrora tranquilidad del campo en
sitios de inseguridad, de incertidumbre.
2.-Riesgos en las unidades de
producción
El origen de estos riesgos, está nuevamente basado sobre la
falta de vigilancia oficial. Dicho de otra manera, son riesgos alimentados por
la ausencia de los cuerpos de seguridad del Estado en las regiones agrícolas, o
por su presencia timorata y hasta posiblemente cómplice con las bandas
irregulares que hacen vida en las áreas campesinas de nuestro país.
Estos riesgos son muy variados y afectan desde la integridad
de los productores y personal en general de las fincas, hasta la seguridad de
la infraestructura, maquinarias, equipos, enseres y semovientes.
Las maquinarias y los equipos agrícolas están expuestos a su
robo total o por partes, especialmente en la actualidad cuando hay una tremenda
escasez de repuestos. Esta situación afecta notablemente la marcha de las
operaciones de una finca, tanto de mantenimiento como de producción. Algunas
maquinarias y equipos se pueden colocar a buen resguardo al finalizar las
faenas diarias, pero otros deben permanecer en el campo como es el caso de
implementos de riego instalados desde las fuentes de agua con equipos de
bombeo, hasta motores, tuberías, aspersores, etc. Así mismo, la infraestructura
corre peligro de pérdida y deterioro, como es el caso de cercas, portones,
pequeños puentes, partes de las viviendas y otros.
Algo que se ha popularizado mucho últimamente es el robo de
ganado en las fincas donde los animales no están estabulados y, en muchos
casos, los matan dentro de la misma finca y las carnes son parcialmente
saqueadas. Por esta razón, al menos los animales de alto valor utilizados para
el mejoramiento de los rebaños tienen que mantenerse cuidadosamente protegidos.
En los hatos llaneros, es muy común encontrar osamentas de
animales que han sido sacrificados en el sitio por ladrones de carne, pero es
también muy frecuente el abigeato. Existen bandas que roban rebaños enteros,
especialmente en los hatos muy grandes y más alejados de los grandes centros
poblados. Al igual que roban ganado de cualquier especie doméstica, se roban el
producto de los campos cultivados, lo cual ocurre especialmente en aquellas
fincas cercanas a centros urbanos. Es común la fuga de productos en campos de
hortalizas, frutales y maíz para jojotos, entre otros.
Otros peligros en las unidades de producción son los
secuestros y asaltos. En nuestras
zonas rurales, en la actualidad, es común el asalto a las fincas para robar,
pero también se está popularizando, en estos asaltos, no respetar la vida de
las personas presentes y además, utilizar estos momentos para secuestrar a los
propietarios cuando éstos están presentes. Esta situación ha sido la causa de
que muchos propietarios, que son las personas que toman las decisiones y
realizan las inversiones para mejorar la actividad agrícola, no asistan a sus
propiedades rurales por el inmenso peligro que corren. Las pocas veces que los
dueños visitan sus propiedades rurales lo hacen tomando precauciones extremas.
Por supuesto, esto afecta la producción agrícola porque se interfiere con la
marcha normal del proceso productivo y, dependiendo de la calidad y confianza
del personal que permanece en las fincas y que a la vez está expuesto a todos
los peligros señalados, la producción puede ser aceptable o puede ir a la
deriva con resultados negativos para el productor.
Finalmente, existe el cobro de “vacunas”. Ésta es una situación a la que están
expuestos todos los productores del campo, en especial aquellos que tienen
grandes y eficientes unidades productivas, con lucrativos retornos de la
actividad. Los autores de estas fechorías generalmente son bandas bien
organizadas, que operan tanto en las ciudades como en el campo ya que sus
objetivos son personas con cualquier tipo de negocios; por lo que para el caso
de la agricultura no es preciso que el productor visite la finca, ya que si
habita en una ciudad allí puede ser visitado por los malhechores y ser
informado de sus intenciones. Operan de manera parecida a como lo hacían las
famosas mafias de origen italiano en los Estados Unidos, en la primera mitad
del siglo XX.
Estas bandas dedicadas al cobro de vacunas muchas veces son
las mismas que roban, asaltan y secuestran; y son formadas por personas de los
poblados vecinos, o se forman en las ciudades, o están formadas por
guerrilleros venidos de los movimientos irregulares que operan en la República
de Colombia o delincuentes venidos de otros países, ya que aparentemente en
Venezuela hay poco control para evitar la entrada ilegal de extranjeros.
Lógicamente, esta exposición al secuestro y la extorsión
causa descontrol en las unidades de producción agrícola, las cuales en
ocasiones son abandonadas por ser la mejor opción que encuentran los
propietarios. El efecto que todas estas acciones de inseguridad personal tienen
sobre la producción agrícola es muy evidente.
En lo que respecta a la inseguridad jurídica, con este
régimen se han cometido barbaridades en lo que han intentado disfrazar como una
lucha contra el latifundio, cuando se han decretado expropiaciones que han sido
ejecutadas con violencia, en algunos casos amenazando a las personas que se encuentran
en las fincas y sacándolas de allí a la fuerza y luego haciendo verdaderas
rebatiñas con los bienes de esas propiedades, especialmente repartiéndose los
semovientes en las unidades ganaderas.
Hasta ahora, lo que ha comenzado como expropiaciones, que
implicaría privar a los propietarios de sus bienes pero resarciéndolos con la
correspondiente indemnización, no ha sido más que expoliaciones ya que dichas
propiedades no han sido debidamente pagadas y, en algunos casos, han conducido
a la ruina del productor cuando esa persona depende exclusivamente de la
producción agrícola en su finca. Además, la utilidad pública o el bien social
que conllevaría la expropiación no se ha cumplido y, por el contrario, la
mayoría de estas fincas expoliadas que antes eran productivas hoy en día se han
transformado en terrenos abandonados, yermos, se ha perdido superficie
cultivada, los rebaños han disminuido o se han eliminado totalmente, todo lo
cual incide en la caída de la producción agrícola.
La inseguridad jurídica en nuestro territorio ha sido causa
de que las inversiones que generalmente se realizan en las fincas con miras a
un mejoramiento de la producción, a incrementar la eficiencia de los procesos
productivos y hasta a mejorar las condiciones de vida dentro de estas
propiedades con más confort y con el embellecimiento de sus diferentes
espacios, no se lleven a cabo y se mantenga la propiedad un poco disfrazada.
Esto se hace para evitar la tentación, ya que mientras la finca sea mejor, más
productiva y más moderna, es más apetecible por los entes gubernamentales o por
personeros del gobierno para ser expoliada.
La inseguridad jurídica también ha invadido la agroindustria
que en una u otra forma apoya a la agricultura. Es el caso de empresas que
producen y suministran insumos para los cultivos, otras que procesan alimentos
para preservarlos y ofrecerlos a los consumidores de manera continua a lo largo
del año, otras procesadoras de materia prima para la industria de alimentos.
Varias de esas empresas, que trabajaban a gran capacidad para atender a los
ciudadanos en buena parte de sus necesidades alimenticias, han sido expoliadas
y llevadas a niveles de producción muy por debajo de sus niveles originales.
Por supuesto, esto ha afectado enormemente la oferta de alimentos a la
población.
Para los diferentes casos de inseguridad personal y jurídica
presentados, existen variadas soluciones posibles de implementar, algunas de
ellas se presentan a continuación:
En el caso de los riesgos en las carreteras nacionales se
tienen que realizar campañas para el asfaltado, reparación y mantenimiento
general de las vías, para lo cual se debe retornar la responsabilidad de estas
acciones a los gobiernos regionales y locales, según sea el caso.
El problema de la vigilancia y apoyo vial es crítico.
Actualmente es difícil ver en nuestras carreteras algún personal de las
Policías Regionales o Nacional, o de la Guardia Nacional, en funciones de
vigilancia velando por la seguridad de los viajantes. Así mismo, escasean los
instrumentos de apoyo vial como grúas y ambulancias, mecánicos itinerantes, que
antes eran frecuentes en nuestras carreteras. Esta situación tiene que
resolverse, aumentar el patrullaje de seguridad durante 24 horas al día,
disponer de vehículos de apoyo oficiales y también facilitar el trabajo de
particulares que generalmente han realizado estas labores de apoyo.
Con respecto a los reductores de velocidad se debe tener
cuidado con su uso debido a su ilegalidad. Se consideran ilegales porque son
obstáculos que se colocan en la vía, perjudicando el libre tránsito de los
ciudadanos. En el caso de que se lograra obtener permisos para su uso, se deben
restringir a puntos muy bien identificados y justificados, y eliminar los
ventorrillos y otros usos de esos puntos que pudieran conducir a malas acciones
contra la población.
En lo referente a robos, asaltos, secuestros y cobros de
“vacunas”, es necesario desarrollar serios programas contra la delincuencia en
general y contra la delincuencia organizada en particular, en todos los ámbitos
del país. En el caso específico de las zonas agrícolas, se pudiera revisar la
experiencia de los Comandos Rurales que alguna vez adelantaron el Ejército o la
Guardia Nacional, o ambos, hacerlos más numerosos y eficientes; y crear otros
comandos específicos que se encarguen del verdadero resguardo de las fronteras.
Iniciar acciones para el control de la infiltración de cualquier tipo de
guerrillas y procurar eliminar los focos existentes, tanto de guerrillas
importadas como de los grupos que se han estado organizando con nuestros
propios compatriotas.
Los problemas de inseguridad jurídica, para su solución,
requieren que los ciudadanos afectados tengan un interlocutor dentro del Poder
Judicial, que sea capaz de atenderlos con honestidad, a quien puedan presentar
sus denuncias y adelantar juicios, con la intención de recuperar sus
propiedades si éstas no hubieran sido correctamente expropiadas o procurar el
cobro de sus bienes confiscados. Indudablemente, esto no es posible con un
régimen donde el Poder Judicial está supeditado al Poder Ejecutivo que es el
que ordena y autoriza las expoliaciones.
Quiere decir, que la solución a estos casos de inseguridad
jurídica que vive la población venezolana, solamente será posible con un cambio
de este régimen por un nuevo sistema de gobierno. Este régimen de corte
comunista, lógicamente ha buscado durante los últimos veinte años ser el dueño
de todos los bienes y recursos del país. Bajo esa consideración, es imposible
solucionar esta inseguridad jurídica que amenaza permanentemente a la propiedad
privada, se vive bajo una constante indefensión institucional.
Pedro Raúl Solórzano Peraza.
Enero de 2019.
